El derecho a morir dignamente

Carlos Rodriguez Nichols

Los avances científicos actuales permiten una longevidad impensable en el pasado. A principios del siglo veinte, la expectativa promedio de vida era treinta años menos que en la actualidad y pertenecer a la tercera edad era privilegio de muy pocos, condición que actualmente se percibe dentro de los parámetros normales. Es decir, los adelantos médicos han mitigado la amenaza de muerte en edades productivas facultando a un mayor número de personas a prolongar la vida.

Desafortunadamente, algunas veces se posterga la vida a través de métodos artificiales sometiendo al paciente a obstinadas medidas terapéuticas que alargan la condición agónica. Métodos deshumanizantes que aumenta el sufrimiento del enfermo con tal de no alterar el curso natural establecido: vida, penuria y muerte al coste emocional que sea. Ante estas ortodoxas políticas de salud, han surgido grupos activistas que abogan por el derecho a una muerte digna.

Estos movimientos a favor de la muerte asistida adquieren cada vez más fuerza a escala mundial principalmente en las naciones del primer mundo. Organizaciones enfrentadas de forma constante con grupos de poder  de la sociedad. Por un lado, la Iglesia Católica, organizaciones religiosas y grupos próvida, y por otro lado, entidades que pugnan por el derecho a una muerte “meritoria o laudable” en pacientes terminales.

Pero, y un gran pero, ¿qué derechos jurídicos tienen los enfermos no-terminales, aquellos con pronóstico de vida indefinido superior a seis meses, con padecimientos crónico degenerativos a los que la ciencia no ofrece tratamientos curativos ni el Estado proporciona los cuidados paliativos necesarios para atenuar su condición incurable?Personas incapaces de valerse por sí mismas, en muchos casos sin protección estatal, postergados en una cama a la espera de esa muerte que algunas veces toma años o décadas para ocurrir de forma natural. Seres testigos de condiciones inhumanas, encarcelados en un cuerpo doliente al que la sociedad impide poner fin de forma asistida. En otros términos, sujetos devastados por el dolor sin más sentido de vida que enfrentarse a inenarrables grados de aflicción, es decir, una carga que trastoca la integridad personal desde todo ángulo que se mire.

Ante esto, no hay razón para alargar la angustia o retardar el alivio de una agonía carente de esperanza a menos que el paciente tenga la necesidad de experimentar un sufrimiento extremo según creencias personales o mandatos religiosos. En este caso, personas que se niegan a aceptar el derecho a morir de forma asistida por defender principios que prohíben la intervención humana en los procesos de morir. En otras palabras, detractores de cualquier tentativa humana frente al transcurso natural del lapso vital. Una posición tan respetable como la opinión de aquellos que defienden el derecho a morir con menos ahogos o quizás un poco más de consuelo físico durante el último trance. Es decir, derecho a una muerte digna sin subsistir esclavo de tormentos o subyugado a medios artificiales para prolongar lo poco que queda de vida, a ese pasar que en mucho casos es todo menos plausible.

Los defensores de esta línea de pensamiento sostienen que ¡el derecho a vivir también comprende el derecho a morir de manera decente y decorosa! Por eso, la importancia de establecer protocolos que permitan el acceso a una muerte asistida, que cuente con el consentimiento previo del paciente en pleno uso de sus facultades mentales. Esto supone la renuncia a tratamientos experimentales, la prolongación de la permanencia a través de instrumentación y mecanismos respiratorios, así como el consentimiento para aplicar métodos de sedación con el fin amortiguar el dolor y sufrimiento de una agonía irreversible e inalterable. Así, una muerte digna permite afrontar el suceso final con el debido acompañamiento de profesionales de la salud y el apoyo emocional de familiares o seres queridos.

Ante esta posibilidad, un importante sector de los ciudadanos está a favor de impulsar el debate público respecto a la muerte asistida en pacientes con enfermedades incurables. Para estos, el deseo de una muerte digna es facultad irrefutable de todo ser humano, si bien, derecho personal que merece respeto y protección estatal. Dicho de otra manera, las personas en estado terminal o crónico degenerativo deben tener la competencia para decidir sobre lo más íntimo de su ser: la propia vida.

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Educación sexual

Carlos Rodríguez Nichols

El sexo tiene un lugar relevante en las interacciones humanas. El ser humano es producto de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, y durante nueve meses de gestación se desarrolla en el cuerpo materno. Los primeros meses de vida depende de los nutrientes y el sostén emocional de la madre, al punto de producirse una suerte de simbiosis entre el neonato y la figura materna. Una interacción que de no evolucionar a las siguientes etapas del desarrollo permanecería en esta suerte de relación unísona entre el recién nacido y la progenitora, impidiendo su construcción subjetiva en tanto ser social.

El recién nacido en el mejor de los casos es fruto del amor, la fidelidad y compenetración espiritual. Sin embargo, no siempre es así. Hay embarazos no deseados, gestaciones adolescentes, embarazos interrumpidos y preñeces vergonzosas resultado de abusos y violaciones intrafamiliares. Más aún, hijos de padres que a pesar de ser adultos no tienen la madurez emocional o la estructura psíquica para constituir una familia y mucho menos educar y dar formación integral a sus descendientes.

Por eso, no se puede esquematizar la paternidad exclusivamente desde la propia mirada o escala personal de valores, si bien, no todos los sujetos cuentan con las mismas herramientas para defenderse en la vida. Ahí, la importancia de educar a jóvenes de forma abierta, amplia y sin tabúes acerca de la diversidad sexual y las consecuencias de conductas íntimas llevadas a cabo de forma irresponsable.

Es hora de superar prejuicios y creencias medievales y afrontar la sexualidad de manera consecuente con los avances científicos de las sociedades occidentales. La formación sexual debe ser pragmática y despojada de cualquier atisbo pecaminoso o visión moralista. Es necesario construir puentes entre los logros tecnológicos y el discurso pedagógico, porque insistir en asociar el pecado con el sexo resulta tan anacrónico como negar la evolución de las especies; en fin, permanecer circunscritos a historias mitológicas lejos del pragmatismo que se espera de las sociedades desarrolladas del siglo veintiuno. Si es así, entonces, sería vivir en realidades paralelas.

Por un lado, el exceso de información al alcance de menores, adolescentes y adultos sin ninguna clase de filtros ni censura. Navegar en internet permite adentrarse en el oscuro mundo de la pornografía, para todos los gustos, sin el menor recato ético o moral. Y, por otro lado, el sector ultraconservador de la sociedad que aboga por medidas punibles entorno al sexo, el pecado y la culpa: ¡ese mal que condenan radica más en la mirada del malicioso que en el acto sexual que tanto injurian! En otras palabras, discursos enfermizos que propagan una visión distorsionada del sexo y de las relaciones sexuales en términos generales.

Claro, sería idóneo vivir en un mundo de espiritualidad absoluta en el que no existe la avaricia, la mentira ni la deslealtad. Pero esa no es la realidad. El mundo está compuesto de miles de millones de personas; unos más rectos y verdaderos y otros retorcidos, falsos y corruptos. Entonces, educar no es trasmitir un mensaje ingenuo, iluso o soñador sino la imagen real del colectivo social. La educación debe mostrar las crudezas y desigualdades así como la sensibilidad, la grandiosidad de la naturaleza y la potencialidad del ser humano para crecer y desarrollarse de forma sana y productiva. La vida sexual no es la excepción a la regla.

Por lo tanto, seguir el camino de la ignorancia lo único que consigue es más embarazos no deseados, gestaciones interrumpidas, maternidades infantiles y enfermedades de transmisión sexual que ponen en riego a millones de personas. Todo esto, por no encarar la sexualidad de forma natural, de frente y sin prejuicios o por continuar apegados a supuestos castigos divinos. Dios no castiga por tener relaciones sexuales. Si fuera así, la gran mayoría de la humanidad viviría en pecado mortal o excomulgada según los preceptos eclesiásticos. El castigo lo impone el sector reaccionario de la sociedad al impedir salir del oscurantismo cultural, de la ignorancia colectiva que las masas iletradas muchas veces pagan con sus propias vidas.

La educación sexual se debe implementar –paulatinamente- durante los años escolares. Se debe formar a la población ante las transformaciones físicas y emocionales que suceden durante la adolescencia: pérdida de la ingenuidad infantil, cambios hormonales, interacciones eróticas y, sin duda, el despertar de la sexualidad en tanto uno de los acontecimientos más relevantes de la etapa adolescente. Poco sirve educar adultos cuando muchos jóvenes han vivido sus primeras experiencias sexuales carentes de una guía formativa, es decir a “tientas y oscuras” de todo conocimiento sexual.

El sexo es principio de vida y una de las mayores fuente de placer del ser humano. Por tanto, hay que vivir la sexualidad de forma sana y libre de esclavismos moralistas, entuertos que ha arrastrado la humanidad por siglos y generaciones. Una vez más, educar es despertar a la verdad. Verdad que conlleva aspectos sutiles como amargas asperezas, pero permite trascurrir por este mundo sin ese cúmulo de pecados y culpas infundidas que solo anidan ignorancia.

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La educación, pilar del desarrollo

Carlos Rodríguez Nichols

La educación incrementa el conocimiento y fortalece la interacción personal de los ciudadanos. A mejor educación mayor crecimiento personal y desarrollo de la colectividad. En otras palabras, la educación está estrechamente ligada a la prosperidad individual y consecuentemente de los pueblos. Para ello, hay que dejar atrás anacronismos milenarios y tabúes que interfieren con el pensamiento creativo y científico de las personas. Es necesario construir sociedades que promuevan igualdad de oportunidades sin distinción de genero y fomenten  sólidas formaciones pedagógicas en poblaciones infantiles, ejes del progreso integral de una nación. Educar, entonces, es transmitir conocimiento, valores ciudadanos y la capacidad de discernimiento: elementos esenciales del sentido comunitario.

La educación fomenta la apertura mental de los individuos, el deseo de aprender y expandir el mundo personal más allá del entorno inmediato, es decir mayor comprensión de otras culturas, orígenes y formas de vida. El mundo es mucho más amplio que el circuito familiar, el barrio, el pueblo o la ciudad natal, por tanto, romper con este estrecho patrón circunscrito a un específico país, color de piel, credo religioso o inclinación sexual permite una visión más profunda del ser humano. El hombre, antropológicamente hablando, según se culturiza se aleja del estado instintivo, del ser primitivo reducido a un limitado perímetro existencial. Dicho en otros términos, la educación es una puerta hacia un vasto mundo de información que permite ampliar horizontes personales y entender la variedad de etilos de vida más allá de los conceptos inculcados en el seno íntimo de crianza.

La educación no se limita a conocimientos matemáticos, datos históricos o el uso y manejo de información memorizada. Educación es comprender y aceptar que la sociedad contemporánea está compuesta de miles de millones de hombres y mujeres con idiosincrasias tan distantes como la del hombre noruego, la mujer de Nairobi, o el niño en la pampa argentina; cada uno, expuesto a diferentes condiciones climáticas, razas, historias y entornos. Esto implica interiorizar el ínfimo lugar que ocupa la propia subjetividad en la inmensidad humana.

Aceptar esta realidad permite comprender las limitaciones de ese “supuesto podio cultural” en que algunos nacieron, o la necesidad de otros de escalar mejores oportunidades de vida. Comprender estas disimilitudes facilita la convivencia entre las naciones. Para eso, es necesario tender puentes comunes entre los pueblos: luchar por el medioambiente, respetar las diversidades y diferentes manifestaciones culturales, y, ante todo, superar pensamientos medievales absolutamente descontextualizados de la realidad del siglo veintiuno. Ahí, el lugar preponderante de la educación como herramienta de apertura global.

El Estado tiene que ofrecer educación pública de primer orden a sus ciudadanos indistintamente del origen social. Esto, requiere inversión material sostenible en capacitación del personal docente, es decir, un riguroso escrutinio de maestros y profesores en tanto forjadores de cimientos patria. La enseñanza es una vocación que exige un alto nivel de sacrificio, paciencia, tolerancia y habilidad para empatizar con poblaciones algunas veces muy complejas. Por tanto, si se quiere un resultado satisfactorio de educación ciudadana los instructores deben de ser sometidos a evaluaciones periódicas con el fin de valorar la labor profesional y la habilidad para transmitir conocimiento.

También, es necesario realizar inspecciones institucionales para medir la competitividad de coordinadores, dirección y cuerpo administrativo. Lo público no necesariamente significa desorden, desfalco o desorganización institucional. Esta forma de pensar es lo primero que hay que corregir para sanar el carcinoma de las entidades públicas. Muchas naciones del primer mundo han conseguido una educación pública ejemplar. Revisar estos modelos pedagógicos sería el primer paso para lograrlo porque es imposible pretender salir de la mediocridad con un sistema educativo “apenas pasable” o pobre en muchos aspectos. Un buen nivel de educación implica tener acceso a instalaciones bien equipadas, tecnología, información, archivos bibliotecarios y laboratorios científicos.

Invertir en la educación de los pueblos es la prioridad principal de los países en vías de desarrollo, para ello, hay que poner un freno a la corrupción de los gobernantes que se enriquecen desvergonzadamente a costa de manipular las arcas del Estado. Latinoamérica es ejemplo de esto dicho. Venezuela, uno de los principales países productores de petróleo del mundo, debería tener un sistema educativo modelo y excelentes centros de investigación a escala continental. México, en lugar de pasar el bastón de plata entre “desvergonzados y cínicos” cada sexenio, tendría que tener una de las mejores educaciones públicas de la región. Y, sin ir muy lejos, la primera potencia mundial debería proporcionar educación de primer orden a sus ciudadanos sin distinción distrital ni relegarla exclusivamente a instituciones que favorecen a sectores determinados de la población.

Esto no es comunismo, muy lejos de ello. Es responsabilidad ciudadana y sentido común comunitario. Mientras los políticos busquen favorecer a grupos categóricos para multiplicar su poder y tener control de las masas, la mayoría de los ciudadanos seguirán teniendo una educación mediocre y reducidas oportunidades de ascenso social: realidad que los inhabilita a salir de la escasez, la pobreza o incluso extrema miseria. Desafortunadamente aún existen millones de personas, multitudes alrededor del mundo, que se encuentran más cerca del instinto que de la cultura.

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Ganadores y perdedores en la trama rusa

Carlos Rodríguez Nichols

Después de dos años, el Fiscal Especial Robert Muller concluyó que no hay elementos suficientes para implicar al presidente o a sus miembros de campaña en una supuesta conspiración entre el Kremlin y el presidente de Estados Unidos. Tampoco, el Fiscal cuenta con la evidencia necesaria para inculpar al mandatario de obstruir la Justicia en beneficio propio, a pesar de acusar formalmente a treinta y cuatro personas por estar ligados a la injerencia rusa. Al menos, esta es la historia oficial de cara a los ciudadanos que creen en la transparencia del Poder Judicial.

Pero, y un gran pero, a veces hay que “hacer de abogado del diablo” y leer entre líneas o intentar descifrar esas letras borrosas que por seguridad no se pueden desnudar ante el ojo público. En otros términos, información clasificada que se debe resguardar bajo secreto de Estado, especialmente, cuando compromete el profesionalismo de los servicios de inteligencia de la primera potencia mundial.

Por eso, inculpar al presidente de complicidad con la nación archienemiga no sólo involucra a la figura presidencial en un acto de traición a la patria, sino también expone públicamente la ineficiencia de los servicios de seguridad de Estados Unidos al no detener el ataque cibernético del Kremlin al cerebro institucional pilares de la democracia occidental. Reconocer semejante deslealtad de parte del presidente estadounidense exigiría la expulsión del Comandante en Jefe y el rompimiento de relaciones diplomáticas con la nación agresora, lo cual, conllevaría seriecísimas consecuencias diplomáticas tanto para Washington, Moscú y las naciones aliadas. Aquí, no se trata de Nixon escuchando grabaciones del partido opositor o Clinton teniendo sexo con una pasante en el Despacho Oval. Esto, tendría graves repercusiones a escala internacional al estar el presidente estadounidense implicado en un complot político con las altas esferas de Rusia, es decir la potencia rival de Washington por antonomasia.

Ante esta posibilidad, cabría pensar que la resolución de Muller fue el “mal menor” para proteger la credibilidad en el sistema judicial y democrático estadounidense. Al exonerar al presidente de conspiración con la potencia enemiga y de posible obstrucción a la Justicia desliga a Estados Unidos de un posible conflicto con Rusia. De esta forma, despeja la escena internacional y tira la bola al tejado de la Corte del Distrito de Nueva York donde el magnate neoyorkino es investigado en diferentes causas como empresario. Efectivamente, el presidente queda libre de toda culpa y pecados, pero, implicado ante la Justicia a título personal. Si fuera así, Robert Muller a lo Poncio Pilatos se habría lavado las manos dejando el campo libre a la entidad neoyorquina para enjuiciar al endiosado mandatario.

Más allá de cualquier hipótesis o análisis políticos, hoy por hoy, los grandes perdedores son el Partido Demócrata y los medios de comunicación que apostaron ciegamente a la resolución del Fiscal Especial en demérito del presidente. Durante dos años “pusieron todos los huevos en una sola canasta” y, ahora, al perder la jugada se quedan sin discurso político de cara a las próximas elecciones presidenciales. Claramente, no pueden atacar la gestión Trump en materia económica dado los resultados macroeconómicos favorables. La economía se ha recuperado de forma progresiva en el último lustro y la actual Administración ha sabido impulsar este crecimiento. Las cifras hablan por sí solas: bajo empleo, confianza en el mercado y mayor inversión en términos generales. Por otro lado, los Demócratas no tienen armas contundentes para criticar la política exterior del mandatario. A pesar de sus continuas amenazas a aliados y enemigos, el rompimiento con tratados internacionales o la batalla comercial con China, la actual Administración no ha involucrado al pueblo norteamericano en un conflicto armado y más bien ha tratado a toda costa de impedir una guerra en la península coreana.

En otras palabras, Trump es el ganador de la partida o al menos de esta jugada política. Hoy, el mandatario es dueño y señor de la escena, y, utilizará la resolución del Fiscal como arma electoral para atacar a los perdedores Demócratas. Esto, siempre y cuando la Corte de Nueva York no se pronuncie en su contra afectando de manera aplastante su relección presidencial. El problema del inquilino de la Casa Blanca ya no es Rusia o Putin, sino los juicios que enfrentan las organizaciones familiares que él presidió antes de ser investido Jefe de Estado. Sin embargo, no hay que menospreciar la astucia de Donald Trump y su experiencia en juicios y demandas civiles, fiscalías y retorcidas defensas. Sus marrullerías le han permitido hacer fortuna, sobrevivir a quiebras fiscales y ganar la presidencia de Estados Unidos sin tener ninguna experiencia política y, más aún, siendo rechazado por las élites sociales y partidistas de Estados Unidos.

Una vez más, las acomodadizas conclusiones de Robert Muller le permiten al presidente cantar victoria, ¡aunque sea una victoria momentánea o lo que muchos consideran un exiguo y fugaz triunfo presidencial. Trofeo político del que sacará provecho hasta que aparezcan los próximos nublados del día.

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La rebelión de las masas

Carlos Rodríguez Nichols

Cada vez más, el descontento de las mayorías se expresa en manifestaciones y revueltas callejeras contra las élites gubernamentales que favorecen principalmente a los estratos acomodados, es decir, sistemas que por inoperancia o excesiva codicia desestiman las necesidades de la mayoría en beneficio de los sectores minoritarios. Hoy, ¡la cuerda no da más y está a punto de reventarse en mil pedazos!

Las primeras décadas del siglo veintiuno han sido testigo de importantes rebeliones. Masivas manifestaciones en franca oposición al desproporcionado poder de grupos políticos y financieros frente a la realidad de masas en estado de vulnerabilidad. Ejemplos de esto dicho fueron las multitudinarias marchas opuestas a la intervención militar en Irak y Afganistán, así como la supuesta primavera árabe auspiciada por las naciones occidentales, y, causante en gran medida del desequilibrio socio político de Siria, actualmente al borde de una de las mayores crisis de la historia contemporánea.

Esto, sin olvidar las demostraciones de fuerza en las calles de Caracas desoídas por el régimen bolivariano, o las revueltas callejeras de los “chalecos amarillos” en Francia que cada sábado transforman las principales ciudades francesas en auténticos escenarios de vandalismo. Protestas en las que se escucha la voz de los sectores menos favorecidos, ante la miopía social de grupos de poder opuestos a cambios estructurales que menoscaban sus intereses económicos.

Las rebeliones de masas tienen mayormente dos fundamentos comunes: la corrupción de los gobernantes, y la desigualdad de oportunidades entre el sector privilegiado y la mayoría carente de herramientas necesarias para ascender socialmente. Ascenso, que requiere reformas que aboguen por la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos sin distinción de estrato o jerarquía social. Movilidad social que exige acceso a educación, salubridad y una alimentación equilibrada, si bien factores determinantes del desarrollo psicosocial de los pueblos. No se trata de implementar mediocres políticas públicas para acallar momentáneamente el creciente malestar ciudadano, sino ejecutar medidas con visión a futuro. Se necesitan escuelas con enseñanza de primer orden y centros hospitalarios con facilidades de última generación accesibles al grueso de la población, a la fuerza laboral motor del crecimiento.

Es inconcebible que las principales naciones productoras de petróleo tengan a una buena parte de sus pueblos en la indigencia, o que la nación más poderosa del planeta no proporcione servicios de salud gratuita a sus ciudadanos cuando invierte billones en armas de destrucción masiva. Tampoco, es comprensible que algunos industriales insistan en negar la crisis climática que aqueja a la humanidad con tal de favorecer réditos personales. En otros términos, la patológica voracidad de unos cuantos es causante del descontento social de la mayoría frente a los desequilibrios naturales que afectan al planeta.

Por eso, resulta inentendible que aún existan seguidores de políticos ultraconservadores que hacen oídos sordos al reclamo de gran parte de la humanidad opuesta a estas políticas extemporáneas. Dicho de otra manera, sectores de la población que en la era tecnológica e innumerables avances científicos aún defiendan “fascistoides” políticas supremacistas en beneficio de la raza blanca, un único Dios, y la exclusiva orientación heterosexual de los pueblos. Anacronismos que desacreditan cualquier expresión antagónica a los valores socialmente prestablecidos.

Frente a la anulación de los derechos de igualdad, las manifestaciones callejeras se convierten en el instrumento de los “ciudadanos de a pie” para hacer oír su voz, ese grito de indignación que reclama respeto y oportunidades de manera equitativa. Por eso, la importancia de escuchar “el lenguaje” que expresan las demostraciones callejeras, lenguaje muchas veces desacreditado por las élites gubernamentales y grupos de poder. Rebeliones que enuncian las carencias y disconformidades de los pueblos, es decir las necesidades y penurias de los sectores menos favorecidos, en muchos casos, los excluidos o desechos de la colectividad social.

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El sentimiento de“odio”, más vivo que nunca

Carlos Rodríguez Nichols

La creencia del hombre civilizado capaz de comprender las diversidades culturales es un mito o, en otras palabras, el falso “liberalismo” de la sociedad contemporánea. Hoy existen expresiones discriminatorias hacia minorías sexuales, razas y creencias religiosas que han resurgido con fuerza en el último lustro. Ante esta realidad, cabe preguntarse qué ha suscitado el florecimiento de la intolerancia y antipatía hacia ciertos grupos sociales después de décadas de pensarlas en el olvido o al menos enterradas en las desdichas del pasado.

No hay más que mirar los recientes incidentes antisemitas cometidos en Francia: tumbas franqueadas con esvásticas negras y rabiosos insultos lanzados contra la comunidad judía, todo esto, sumado a los agravios callejeros cometidos hacia entidades islámicas y a poblaciones migrantes afincadas en Europa. Conductas segregacionistas contra poblaciones determinadas, mayormente, entre fanáticos y seguidores de neoconservadurismos ideológicos. Este comportamiento de los sectores ultra conservadores no es más que el desvergonzado acto de desenmascararse; finalmente, quitarse la pesada coraza y presentarse públicamente como “racistas, ultraderechistas, homofóbicos y misóginos”. Los más osados incluso responsabilizan a las poblaciones minoritarias de la decadencia de Occidente. Poblaciones a las que señalan de lacras humanas.

A pesar que el ocho de marzo las principales ciudades fueron testigo de millones marchando por la reivindicación social de la mujer, el mundo aún es liderado por hombres, por machos alfas que imponen la supremacía de género. Dicho de otra manera, la superioridad masculina insiste en establecer una categorización jerarquizante de los grupos humanos, una estigmatización y rechazo a todos los otros, a aquellas personas que escapan a la heterogeneidad del colectivo social.

Sentimientos fóbicos hacia personas desarticuladas de las recalcitrantes normas impuestas por ciertos grupos de poder. Principalmente, un contundente rechazo a los movimientos que luchan por la igualdad de género y la aceptación de la sexualidad en sus diversas manifestaciones. Es decir, comportamientos que en términos generales amenazan la hegemonía del hombre blanco, heterosexual y dícese cristiano; primacía que se remonta a siglos y milenios de historia.

O sea, un rechazo social a los sectores incapaces de plegarse a los mandatados o preceptos socialmente establecidos. Sin más, sentimientos de animadversión a poblaciones que escapan al yugo impositor y a las conductas consideradas políticamente correctas, ¡aunque muchos de sus predicadores, en ámbitos privados, se comportan de forma absolutamente antagónica a la escala de valores que proclaman en vías públicas!

Pero el odio no se genera sólo de “arriba hacia abajo”. Esta animosidad tiene un efecto boomerang que produce rencor y resentimiento en el rechazado social. Así como los poderos utilizan sus herramientas para segregar a otros, también los segregados se valen de las medidas necesarias para vengar su encono, esa inquina de clase que intoxica tanto a la persona venenosa como a la colectividad de forma transversal.

Estos “descalificados de la sociedad” contratacan utilizando sus propias armas: homicidios, crímenes, rebeliones masivas y revueltas callejeras. Ejemplos vivos de este  descontento son las manifestaciones lideradas por el movimiento “chalecos amarillos” en Francia con posibles tentáculos al resto de Europa. Aversión al “otro”,  debido en gran parte a la cizaña sembrada por políticos interesados en complacer a sus bases electorales, sin medir las devastadoras consecuencias sociales de sus irresponsables acciones. Políticos que han polarizado a los pueblos entre ultraconservadores y progresistas, pobres y ricos, liberales y republicanos, socialistas y capitalistas: polarización de las sociedades primermundistas con serias ramificaciones a escala  doméstica e internacional.

Muchos pensarán que siempre ha sido igual. Posiblemente. El error fue pensar que el supuesto hombre civilizado de la era tecnológica había superado los toscos comportamientos trogloditas del pasado. No es así. Por más avances científicos, aún existe un grueso de la población mundial aferrada a ideologías conservadoras, en otras palabras, obstinados reaccionarios que se resisten a aceptar los cambios sociales.

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La intervención militar en Venezuela

Carlos Rodríguez Nichols

Venezuela está sumida en un caos social, económico e institucional donde el pueblo vive uno de los capítulos más sombríos de su historia. Crisis que ha obligado a millones de venezolanos a refugiarse en países colindantes, y a la mayoría permanecer en la miseria por carecer de medios necesarios para siquiera migrar. Indigencia ciudadana que afecta tanto al pueblo venezolano como a las naciones fronterizas al tener que cubrir las necesidades básica de estas poblaciones migrantes; es decir, cargas financieras en salud, vivienda y educación que afectan el equilibrio económico de los países receptores. Ahí, el gran interés del Grupo de Lima en lograr una solución inmediata al conflicto venezolano.

Sin embargo, una intervención militar en Venezuela no se limita exclusivamente a derrocar el régimen chavista. Esto, de resultar exitoso sólo sería la punta del iceberg. Lo más importante, en todo caso, es el compromiso de la comunidad de naciones para restablecer el orden institucional de forma sostenible, tarea que es todo menos sencilla. No es tan simple como: “muerto el perro acabada la rabia”. Sin duda, la ecuación es mucho más compleja que eso. Requiere el convenio de las naciones industrializadas en la reconstrucción de una nación socioeconómicamente destruida. En otras palabras, el caos coyuntural venezolano no se resuelve con una incursión militar para deponer a Nicolás Maduro y, luego, dejar al país desangrado como sucedió en Irak, Siria y Libia: naciones que hoy se encuentran en peor estado al que estaban antes de las intervenciones extranjeras.

Por otro lado, en la última década Venezuela se convirtió en uno de los focos de interés geopolítico de las potencias mundiales, potestades que han invertido grandes sumas de dinero en la región con fines estratégicos. Moscú y Pekín han construidos importantes “espacios económicos y políticos” en el continente americano desafiando la hegemonía de Washington en la zona. Por lo tanto, un fracaso militar de Estados Unidos en Venezuela reforzaría el poder político y económico de Rusia, China e Irán, así como la permanencia de la narco dictadura bolivariana.

En el supuesto caso de una intervención militar en Venezuela, ésta no producirá los frutos esperados si no existe el sólido compromiso de la oposición, en estrecha relación con la comunidad de naciones, en una profunda incursión del entretejido social venezolano: masas a los que se les ha negado un presente digno y, aún menos, la posibilidad de construir proyectos a futuro. Es imposible pretender un crecimiento económico cuando la mano de obra y la fuerza laboral en términos generales se encuentra en precarias condiciones de vida. Si bien, un pueblo sumido en escasez alimenticia y acceso a mínimas posibilidades de salud difícilmente puede aportar las herramientas humanas necesarias para un desarrollo competitivo en el primer mundo. Por tanto, el deseado desarrollo económico de Venezuela supondría la implementación de medidas eficaces que proporcionen seguridad y estabilidad social a los ciudadanos. Es decir, políticas económicas que ofrezcan posibilidades de crecimiento a los ciudadanos indistintamente del estrato social.

Ante esto, la oposición venezolana tendría una enorme tarea frente al pueblo venezolano: reedificar un sistema democrático basado en preceptos realistas y principios éticos. Es decir, una reestructuración del aparato estatal y del andamiaje social construido de abajo hacia arriba y no necesariamente basado en los intereses de determinados grupos de poder o en los beneficio de las grandes potencias mundiales. Una vez más, ¡derrocar a Maduro es sólo la punta del iceberg!

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