La misteriosa muerte del Fiscal General de Argentina, Alberto Nisman, abre una serie de interrogantes respecto al impacto institucional del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los Servicios de Inteligencia.

Es plausible una interacción cordial de estos organismos para facilitar la fluidez del manejo del aparato estatal; siempre y cuando esta colaboración no interfiera en la autonomía de cada uno de los Poderes del Estado.

No es un tema menor el rol que juega el Servicio de Inteligencia con el Poder Judicial. Una de las tareas de los agentes de inteligencia es colaborar con la Justicia en la investigación de casos de terrorismo, mafias y redes de narcotráfico: una estrecha relación que si se ejecuta en forma viciada se puede prestar para tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Para ello, es indispensable demarcar las fronteras de estos Poderes del Estado con los Servicios de Inteligencia así como las responsabilidades especificas de sus respectivos miembros.

En cuanto al Poder Ejecutivo, específicamente, se requiere de un alto nivel de sensatez de quien preside la Nación para separar su emocionalidad personal del lugar que exige su investidura.

Es censurable la postura de la Presidente Fernández de Kirchner al elaborar, en cadena nacional, una serie de hipótesis policíacas alrededor de la muerte del Fiscal Nisman.

Deducciones, carentes de pruebas y fundamentos, sobre la misteriosa muerte del fiscal, ocurrida pocas horas antes de que el funcionario informara acerca de las irregularidades cometidas por altos miembros del Poder Ejecutivo: denuncia que incluiría, en primera instancia, a la mandataria.

Dos semanas después de la mediática muerte, el Poder Judicial, en lugar de esclarecer los pormenores del supuesto suicidio o posible asesinato a sangre fría, más bien, se enloda en las irregularidades metodológicas y protocolarias llevadas a cabo por el Ministro de Seguridad. Alteraciones que hacen sospechar de la veracidad de los elementos encontrados en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima.

Todas estas anomalías, una vez más, ponen en evidencia la falta de independecia  del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y lo Servicios de Inteligencia en la era kirchnerista.

A este punto, se podría plantear la posibilidad de que la muerte del Fiscal Nisman fue orquestada por el gobierno de la señora Kirchner, con el apoyo logístico del Servicio de Inteligencia de Argentina, y de otras naciones de Oriente Medio involucradas en el atentado Amia, ocurrido hace dos décadas.

Si se sigue esta línea de pensamiento, la eliminación del Fiscal Nisman sería el resultado de una combinación de fuerzas interesadas en perpetuar un secreto: la impunidad de los actores del atentado Amia a cambio de jugosas negociaciones ilícitas.