Carlos Rodríguez Nichols

La evolución de la tasa de criminalidad en América Latina es alarmante. Un fenómeno muy profundo de la realidad social que exige un cambio de paradigmas y requiere repensar las políticas. La posibilidad de que el crecimiento se transforme en una mejora de la vida diaria necesita de mediaciones en términos de políticas públicas; marcadas, en la actualidad, por desigualdades de ingresos y de acceso a la salud, la educación y las necesidades básicas de los pueblos.

Por lo tanto, la inseguridad es, junto a la pobreza, una consecuencia de la falta de acceso a la salud y la educación empañadas por la corrupción y el desempleo. En este contexto de serios problemas no resueltos de pobreza y de desigualdad, la política de mano dura se presenta como una medida para responder a la sensación de inseguridad.

La mano dura ha fracasado porque, entre otros problemas, tiende a responder indistintamente a las diversas formas de criminalidad. Esto impide diseñar políticas diferenciadas para problemas que son de una estructura diversa. Existe el crimen organizado, bandas de narcotraficantes, mafias, grupos de secuestros y organizaciones de tráfico de personas que debe combatirse aplicando el peso de la ley y, por otro lado, la delincuencia juvenil relacionada a actos delictivos menores.

Las políticas de mano dura no han generado una reducción de la tasa de criminalidad. En El Salvador, por ejemplo, se trató de enfrentar el crecimiento de las maras, sin duda un peligro público, con leyes que permiten encarcelar a una persona por el simple hecho de tener un tatuaje. Aunque creció el número de detenidos, los homicidios continuaron incrementándose.

En algunos países donde las policías tienen una impronta autoritaria, éstas han sido utilizadas por las dictaduras como instrumento de represión ilegal. En estas condiciones, ceder un mandato totalmente permisivo y crear condiciones para la impunidad puede llevar a serios deterioros en el respeto a los derechos humanos, sobre todo de los grupos más vulnerables.

En las décadas de la mitad de siglo veinte, el mundo fue testigo de abusos de poder departe de sistemas dictatoriales en Europa, Asia, Africa y Latinoamérica. En el caso especifico de los países latinoamericanos, vale mencionar la violación a los derechos humanos cometidos por el General Somoza en Nicaragua, hasta su caída a finales de los años setenta, al igual que lo sucedido en Panamá bajo el régimen autoritario del General Noriega.

Ambos dictadores fueron protegidos y respaldados por Estados Unidos, independientemente, de los abusos cometidos por ambos regímenes. La política imperialista norteamericana, durante los años de la guerra fría, estuvo focalizada hacia la extinción del comunismo en el continente americano. Por lo tanto, todo régimen que se plegara a esta linea de pensamiento estaba respaldado por Estados Unidos, sin importar la violación a los derechos de los pueblos y los ciudadanos.

Indiscutiblemente, ha habido un progreso importante en cuanto al respeto de los derechos del hombre. No obstante hay aún un largo camino por recorrer. Ejemplo de esto es el maltrato físico y psicológico perpetuado contra los presos de Guantanamo en territorio norteamericano. Mientras esta clase de abusos continúen, el mundo es también testigo de las violaciones a los derechos humanos, en las cárceles de Caracas, a los presos políticos en contra del sistema chavista.