Carlos Rodríguez Nichols

La producción y trasiego de drogas ilegales se ha magnificado en las últimas dos décadas. La exportación masiva de estupefacientes de Sudamérica, especialmente, a Estado Unidos y Europa ha requerido de puntos estratégicos en que se han incrementado y fortalecido diferentes bandas y carteles del narcotráfico. Transacciones al margen de la ley generadoras de millonarias ganancias de dinero que ha corrompido a las autoridades gubernamentales: desde políticos hasta entidades judiciales y policíacas, necesarias para el funcionamiento de este sistema ilícito.

Ha existido negligencia o incluso complicidad departe de los Estados en cuanto a la comercialización de estupefacientes. Quizás, en un principio, no se pensó que el negocio de las drogas ilegales, pareado al crimen organizado y la violencia, se convirtiera en un tentáculo de mil cabezas que llegase a amenazar la seguridad de las naciones y la de los ciudadanos. En la actualidad, las drogas ilegales están entramadas en un engranaje globalizado conformado por redes y mafias interconectadas que cuentan con una logística, de un alto nivel de sofisticación, que abarca desde los primeros pasos de la producción hasta, finalmente, la sustancia en manos del consumidor.

Ante esta realidad, existen diferentes opciones para encarar el negocio ilícito de las drogas ilegales. Una de ellas es el combate frontal a los carteles con el fin de desmantelar estas organizaciones que cuentan con el apoyo militar y financiero de estancias terroristas, clandestinamente, esparcidas a lo largo de los continentes. El combate frontal va más allá de apresar a las cabecillas de estos poderosos carteles. Se trata, en todo caso, de lograr una desarticulación de la estructura operacional de estas organizaciones delictivas de sus fuentes de apoyo alrededor del mundo. Ardua tarea que genera aún más violencia: un incremento de personas ejecutadas por el crimen organizado asociado al narco; enfrentamiento entre las bandas; y control territorial de algunos de estos carteles.

La otra alternativa del Estado consiste en una política de tolerancia al narcotráfico. Esto implica una acercamiento a estas organizaciones delictivas y criminales, que conllevaría a un incremento de los niveles de corrupción y a consecuencias políticas de gran envergadura. Si las bandas narcotraficantes obtienen importantes réditos y cuotas de poder, situarían al Estado en un lugar de debilitamiento, en contra del deseado fortalecimiento del mismo y la debida aplicación de la ley.

La otra posibilidad consiste en plantear la legalización de las drogas ilegales. Medida que provocaría un posible aumento del consumo a corto plazo; desfavorecería a los diferentes elementos involucrados en la cadena de producción y trasiego de este lucrativo mercado ilícito, carente, en el presente, de toda responsabilidad de cara al fisco y a la recaudación de los impuestos correspondientes.

En la actualidad, millones de personas se benefician de la clandestinidad de las drogas, las cuales, se consideran una especie de fruto prohibido y una forma de transgresión a la maquinaria estatal. Un multimillonario negocio, al margen de la ley, que involucra a las pandillas delictivas de las favelas de Río Janeiro hasta infractores de cuello blanco en Wall Street.

A este punto cabría preguntarse: ¿están los diversos elementos que conforman la estructura clandestina del narcotráfico interesados en legalizar las drogas, convirtiendo sus actuales acaudaladas ganancias de dinero ilícito en parte de la economía formal regulada por el Estado y, por ende, el cumplimiento de la ley?