Carlos Rodríguez Nichols
La fuga de Víctor Schillaci junto a los hermanos Martín y Cristian Lanatta de la cárcel de General Alvear, pone en evidencia la ineficiente seguridad penitenciaria argentina. Más allá de las peripecias relacionadas con este cinematográfico escape y las hipótesis de los posibles copartícipes de esta saga policial, Argentina es una vez más testigo de la inseguridad ciudadana, de las graves erratas del sistema judicial y las falencias de los centros penitenciarios.
Los antisociales escaparon de la unidad de máxima seguridad donde se encontraban condenados a prisión perpetua por el crimen de tres empresarios involucrados en el lucrativo submundo del tráfico de efedrina, una sustancia utilizada para la producción de drogas sintéticas y metanfetaminas.
Es risorio que tres peligrosos homicidas directamente implicados en un narco crimen de esta envergadura salgan por la puerta principal de la cárcel más grande de Buenos Aires vestidos con la ropa que utilizan los empleados del penitenciario; un centro con capacidad para mil quinientos internos que supuestamente cuenta con los más avanzados controles de seguridad, a pesar de tener los mismos problemas de hacinamiento, insuficiente infraestructura y falta de insumos que el resto de las cárceles bonaerenses.
El recién electo gobierno presidido por Mauricio Macri debe concentrar esfuerzo y talento en una profunda modificación estructural del sistema de seguridad; un proceso que involucra al poder judicial, el servicio de inteligencia al igual que a las policías federales y municipales. Es la oportunidad para hacer un lavamiento de las cuevas y laberintos que han manchado las políticas publicas y a los responsables de dirigir las instancias gubernamentales argentinas.
Se necesita una reconstrucción de las instituciones para combatir el crimen organizado y a las bandas mafiosas donde a través del dinero sucio, la corrupción y la mentalidad trucha intentan hacer un jaque mate al pueblo argentino que exige una transformación de las organismos del estado. Por eso, es plausible la respuesta del presidente Macri de dar “una batalla sin cuartel” al narcotráfico, el cual ha remontado en los últimos años a lo largo y lo ancho de la república.
La fuga de la cárcel de estos homicidas debe servir como lección para fortalecer el compromiso de enfrentar y derrotar el flagelo del narcotráfico y reedificar una nación que en la actualidad adolece víctima de grupos organizados que trabajan al costado de la ley; redes nacionales y extranjeras que se amalgaman entre sí para violentar el equilibrio y la seguridad de los ciudadanos.