Carlos Rodríguez Nichols

No hay un solo político de esta banda de delincuentes de la era kirchnerista que se salve de la justicia: una mara de viles ampones que saquearon la Argentina sin el menor reparo durante doce años. Se adueñaron de los fondos de la obra pública poniéndolos en manos de mediocres subalternos que resultaron ruines estafadores. Una madriguera de sinvergüenzas que desvalijaron el estado argentino por más de una década. No en vano fue la “década ganada” según sus irónicos decires.

Hoy, una gran parte de los allegados a la familia Kirchner están imputados o procesados esperando ser juzgados por desfalcos y actos de corrupción. El entonces vicepresidente, el ex secretario de transportes, y el peón de confianza de la pareja presidencial encargado de la construcción vial, son  algunos de los que conforman la red de transgresores del kirchnerismo. Políticos que engañaron y burlaron las instituciones mientras tuvieron el poder para manipular jueces, diputados y militares. Una montaje utilizado para saquear las arcas del estado.

En el caso particular de la expresidenta, resulta imposible ocultar la participación de la entonces Jefa de Estado silenciando la muerte de uno de los más prestigiosos fiscales de la nación, y al que el sector ultra kirchnerista acusó de cometer un prosaico acto suicida. El gobierno de Cristina Kirchner trató de tapar los pormenores de la enlodada muerte del fiscal Nisman desechando pruebas de la escena del crimen en un proceso investigativo improcedente. Un descaro institucional que involucra jueces, jerarcas de seguridad, forenses, agentes del servicio de inteligencia y abogadillos de cuarta categoría; todos, encubriendo a las más altas esferas del gobierno de la señora Kirchner. Después de dos años, la justicia reabre el caso de la denuncia de Alberto Nisman demarcándose del círculo de la exmandataria.

Cristina Kirchner se mantuvo impune hasta que perdió la estructura de poder edificada con centenares de alfiles encargados de proteger sus intereses políticos y económicos. Un enjambre de conexiones en bancos, aduanas, empresas privadas, medios de comunicación, casinos, hoteles y compañías constructoras, que la exmandataria aprovechó para engrosar su fortuna manchada de negociaciones corruptas. La expresidenta cuenta con un millonario patrimonio fruto de contrataciones al margen de la ley, pactos tácitos con servicios de inteligencia internacionales y organizaciones del submundo político.

La multiplicidad de cargos judiciales que pesan sobre la ex Jefa de Estado son la prueba de sus continuos pasos en falso o del camino errado hacia un desproporcionado enriquecimiento personal. Una conducta deshonesta muy lejos de aquel discurso demagogo anti capitalista que ostentó hasta el hartazgo en plazas públicas y en interminables cadenas televisivas.

Llegó la hora de esclarecer la verdad porque no se puede seguir borrando huellas andadas o silenciando fiscales. Argentina tiene que despertar de esta perpetua pesadilla de vulgares sátrapas asaltantes de la política nacional. No se trata de confabular una persecución política contra la expresidenta sino de llevar a cabo el debido proceso judicial en las causas en las que se le imputa,  saldar cuentas como dirían en la jerga mafiosa; lenguaje que con toda seguridad Cristina Kirchner y su pacotilla de estafadores manejan a la perfección.