Carlos Rodríguez Nichols

El narcotráfico es sin duda una de las actividades multinacionales más poderosas del mundo. Está ligado al mercado negro de armas, a grupos terroristas, y a la clandestinidad financiera de corruptos funcionarios públicos de derecha e izquierda. En un principio, el narcotráfico astutamente se introdujo en la maquinaria política, social y económica de las principales naciones de Europa y Estados Unidos, los mayores consumidores de cocaína del mundo, expandiéndose posteriormente a lo largo y ancho del engranaje mundial.

No es un secreto la profunda huella del narco en el financiamiento de campañas presidenciales a cambio de favores y guiños políticos. En muchos países, al extremo de no llegar a ocupar la jefatura de Estado sin el respaldo tácito de estas organizaciones subterráneas. Esta descomposición permea todos los estratos de la sociedad y el espectro político institucional: desde las altas jerarquías gubernamentales, la policía, servicios secretos, y el ejército en aquellos países en los que el poder castrense tiene una fuerte presencia estatal.

En Costa Rica el narco avanza a pasos agigantados. En la última década pasó de ser una lucrativa entrada financiera del submundo socio marginal para convertirse en uno de los ejes de la economía actual. Ya no se trata del país centroamericano geográficamente estratégico entre Sudamérica y Estados Unidos, o del trasiego a pequeña escala para satisfacer las necesidades del mercado nacional como sucedía en décadas pasadas. La ecuación cambió diametralmente.

La actividad ilícita de “camellos” y taxistas clandestinos trascendió a organizaciones localizadas en diferentes puntos del anillo urbano capitalino bajo el mando y control de acaudalados carteles internacionales. Esto implica la existencia de grupos organizados en constante lucha de poder por la oferta y demanda de sustancias psicoactivas. Una pugna y rivalidad para obtener más presencia territorial y consecuentemente mayores ingresos canalizados hacia la construcción inmobiliaria, inversiones bursátiles y actividades al margen de la ley. Fondos que desde una óptica estrictamente financiera y mercantilista indudablemente producen un impacto económico positivo, aunque distan de los valores éticos y morales prevalentes en la sociedad. Por eso, ante esta turbia realidad, muchos gobiernos y empresarios se hacen la vista gorda frente a la procedencia de capitales mal habidos a los que intentan lavar sus caras sucias a través de transacciones consideradas socialmente correctas y legales. Una frontera invisible donde permisivamente se legitima lo ilegitimo según intereses de los grupos de poder.

Dentro de un mes Costa Rica elige nuevo presidente. Es necesario conocer la posición de los candidatos frente a la pandemia del narcotráfico y el poder de estas mafias en el teje y maneje de la sociedad costarricense: tierra virgen, para estas organizaciones delictivas, al carecer de una policía especializada capaz de contrarrestar esta epidemia nacional. Por eso, no se trata solamente de demostrar la inocencia de los candidatos en negociaciones obscuras, sino esclarecer sus proyectos de cara a las narco-mafias instaladas en territorio costarricense.

Ante este panorama, no basta con expresiones de horror o exclamaciones alegando la barbaridad de los hechos. Lugares comunes que no aportan más que una visión cortoplacista de una seriecísima realidad con inminentes consecuencias a futuro, a un futuro cercano. La solución no estriba en castigar al consumidor, al adicto o al toxicómano, ni tampoco encarcelar al vendedor de menudeos instalado en de una de las tantas sub economías para sobrevivir. Esas medidas han resultado obviamente desacertadas e inoperantes a nivel mundial dado el incremento y uso estupefacientes en las últimas décadas. La guerra contras las drogas lo que menos ha cometido es una reducción del consumo. En todo caso, ha servido como una especie de biombo o tapadera para cubrir a políticos y banqueros enlodados en este jugoso botín. Un negocio billonario en el que Wall Street y los principales centros financieros husmean los réditos de este fruto prohibido.

La única forma de combatir esta peste social es erradicando los vínculos con la mafia internacional. Para aniquilar este cáncer hay que intervenir estratégicamente de forma transversal: desde los transgresores de la ley que conforman el hampa de cuello blanco, hasta las cabecillas de barriadas donde la policía no se atreve entrar, ya sea por falta de coraje o, en algunos casos, para silenciar las causas ilícitas de las que ellos mismos son parte activa. Hay que ir a la matriz de esta podredumbre y extirpar la mala hierba que carcome el sistema en términos generales.

Una vez más, no significa fumigar a traficantes y vendedores cual hormigas zompopas sin un plan restructurador de la sociedad. En todo caso, es necesario construir un modelo que ofrezca mayores oportunidades de vida y una mejor formación escolar y técnica a las nuevas generaciones, especialmente, a aquellas en condiciones de extrema pobreza: ese sector de la sociedad que no puede ser visto como una mera estadística electoral al que se envuelve en mentiras y falsas expectativas con el fin de ocupar la silla presidencial

Todavía se está a tiempo de controlar una descomposición social de devastadoras consecuencias. Para ello, se requiere la unión de competencias públicas y privadas con autoridad suficiente para llegar a la médula de esta plaga mundial de la cual Costa Rica no está exime. Si no se ejecuta un planeamiento a largo plazo con rigurosidad y mano firme, entonces, no sería más que otro intento fallido en la infructuosa lucha contra las mafias de la droga. Y, por ende, un triunfo para el narco, cada vez más enraizado en la realidad socioeconómica costarricense.