Carlos Rodríguez Nichols

El consumo de sustancias ilegales mueve billones en el mundo entero. En Centro América este lucrativo negocio es liderado por los cárteles mexicanos los Zetas y el Cártel del Pacífico, dos organizaciones mafiosas con creciente poder y alarmante capacidad de maniobra política a nivel regional. Así, los países centroamericanos se han convertido en una de las zonas más peligrosas del mundo debido a la violencia generada por el narco y la proliferación de maras principalmente en Honduras, Salvador y Guatemala. Esto también convierte al violento triángulo del norte centroamericano en un importante mercado y foco de interés para los mercaderes de armas.

El narcotráfico está íntimamente estrecho a una alta densidad de violencia, crimen y corrupción. Estas organizaciones se valen de estrategias impuestas a políticos y comunidades rurales ligadas directa o tácitamente al trasiego de cocaína. Eslabones de un encadenamiento de negociaciones subterráneas que no solamente benefician a los capos de la droga y las redes de distribución, sino también a poblaciones campesinas involucradas en estas actividades ilícitas como forma de subsistencia.

En Costa Rica el narco avanza a pasos agigantados. Es tierra virgen para los traficantes dado la inexistencia de cuerpos policiales especializados y una geografía cuya tercera parte del territorio está compuesta de parques nacionales, manglares y junglas con poca población y escasa vigilancia, situación idónea para el almacenamiento clandestino de cocaína y siembras encubiertas de marihuana. La entonces actividad ilícita a pequeña escala para satisfacer el consumo nacional trascendió a organizaciones asentadas en diferentes puntos del anillo urbano capitalino bajo el mando y dominio de acaudalados carteles internacionales.

Según Pérez Ventura (2014) de los 900,000 kilos de coca que pasan cada año por Centro América el ochenta por ciento circula a través de Honduras. Se calcula alrededor de 4,000 millones de dólares el valor de la cocaína procedente de Sudamérica que converge en Guatemala antes de ser enviada a Estados Unidos. Una cifra nada desdeñable para una economía en la que gran parte de su población vive en el umbral de la pobreza.

Sin duda, el dinero de la droga y las redes circunscritas al narco han transformado la región centroamericana en el centro operacional por antonomasia. Funciona como puente entre la producción y el consumo de estupefacientes, sirviendo como intermediario entre Colombia, Bolivia, Perú y el mercado norteamericano considerado el principal consumidor de sustancias psicoactivas del mundo.

La mirada cómplice de gobiernos y políticos locales facilitan el delictivo trasiego de estupefacientes y el escandaloso enriquecimiento de las organizaciones mexicanos y sus múltiples tentáculos regionales al margen de la ley. Estados viciados por una descomposición institucional y una corrupción generalizada, carentes de las herramientas necesarias para controlar la maquinaria del narcotráfico: una  infraestructura criminal compuesta de bandas de informantes monitoreando el trasiego de la droga a lo largo de Centro América hasta su destino final.

En este trayecto de miles de kilómetros, los traficantes utilizan todo tipo de artimañas para escabullirse y burlar los servicios de vigilancia terrestre, aéreos y costeros, atravesando por túneles, selvas, caminos secretos y pistas de aterrizaje clandestinas. Al punto de poner en riesgo sus propias vidas con tal de asegurar el acaudalado botín de cocaína antes de llegar al mercado estadounidense. De acuerdo a estimaciones, alrededor de mil toneladas, un millón de kilos, de cocaína entran cada año al territorio norteamericano. Para algunos esta estimación es pálida de cara a la realidad.

Por tanto, resulta poco creíble que la primera potencia mundial con los servicios de inteligencia y seguridad más sofisticados del mundo no se percate del tonelaje de droga que entra cada día por sus fronteras. En este caso, habría que plantearse dos posibles situaciones. Por un lado, los servicios de inteligencia, inspección aduanera y vigilancia estadounidense no son tan profesionales como se espera de la nación más poderosa de la Tierra o, incluso, cuestionar la transparencia de las altas jerarquías gubernamentales, instituciones financieras y entidades antinarcóticos ante el billonario negocio de la droga.

Parece dudoso que después de treinta años de una declarada guerra al narco, los gobiernos demócratas y republicanos de la nación más poderosa del planeta hayan sido incapaces de controlar el tráfico de cocaína por Centro América, el “backyard norteamericano. En otras palabras, Estados Unidos no ha logrado erradicar el trasiego de estupefacientes ni tampoco a las organizaciones circunscritas al cultivo, la producción y el consumo de drogas ilegales. También, es difícil de creer que la potencia mundial en constante alerta y observación de los movimientos armamentistas y nucleares de aliados y enemigos fracase estrepitosamente en el control del tráfico de sustancias psicoactivas, una pandemia social que amenaza la salud física y mental de 22 millones de estadounidenses consumidores de drogas ilegales (Pérez Ventura 2014).

Cabe pensar que la ilegalidad de estas sustancias las convierte en una suerte de fruto prohibido, potencializando de esta forma el precio de oferta y los réditos de la distribución. Dineros sucios que movilizan el aparato económico capitalista y detenerlo implicaría una contracción financiera a nivel centroamericano, estadounidense y a escala global: un desequilibrio de cuantiosas dimensiones.

De ser así, es poco probable la desconexión de los cárteles de la droga de las economías centroamericanas y su intromisión en el engranaje económico y sociopolítico de la región. La única solución a esta epidemia multidimensional es el fortalecimiento de las instituciones judiciales y un mayor compromiso estatal con la pobreza y la exclusión social. Realidad que golpea a un importante sector de la población centroamericana, principalmente, a las zonas rurales económicamente deprimidas donde las posibilidades de ascenso social son casi imposibles. Poblaciones al borde de la miseria donde el trasiego de drogas ilegales se convierte en una forma de subsistencia, más allá de establecidos códigos legales y los preceptos morales de la sociedad civil.