Carlos Rodríguez Nichols

Según datos oficiales del Poder Judicial de Costa Rica, alrededor del 40 % de los condenados por abusos a niños no son penalizados. Esto, sin contemplar a los privados de libertad por el mismo delito que manipulan y tergiversan la verdad con el único fin de escapar a la pena impuesta. Los estudios muestran que la gran mayoría de los abusos son fruto de relaciones sexuales con miembros de la propia familia: padres, padrastros, tíos y abuelos. Parientes cercanos que no solamente agreden y violan a menores, sino que les imponen pactos, juramentos y amenazas en caso de hacer público el secreto. Por eso, el abuso no se limita exclusivamente al daño físico sino también a las secuelas psíquicas en la joven obligada a guardar silencio.

¡De eso no se habla!… Esa es la sentencia que impone el ofensor a la adolescente forzada. Y, si finalmente sale la verdad a la luz, en repetidas ocasiones es descalificada por los mismos familiares; si bien, por tener una relación de codependencia con el agresor, o, por estar en silenciosa complicidad con el victimario en esta abusiva conducta. Agresores sexuales a los que en numerosas ocasiones se intenta absolver o encubrir, especialmente, si se trata de aquellos con cierto reconocimiento económico. En la cima social, con frecuencia se excusa el comportamiento de los ofensores atribuyéndole la responsabilidad a la víctima, a quien, recurrentemente, se le inculpa un desorden psíquico. Efectivamente, muchas de ellas sufren un desequilibrio emocional fruto del abuso que han sido testigo.

Esta cruda realidad no solo involucra a las jóvenes embarazadas y la vida interrumpida de seres en formación, sino también a antisociales que violando a menores penetran a la fuerza en lo más íntimo de la subjetividad infantil y de indefensas adolescentes incapaces de huir de las garras de estos viles depredadores. Lacras sociales inermes ante las consecuencias físicas y emocionales de sus impúdicos actos en las víctimas. Muchos de ellos, con una estructura psíquico perversa que les impide desarrollar empatía por el otro ni responsabilizarse por sus retorcidas acciones.

En caso de ser condenados deben cumplir penas relativamente insignificantes en relación al daño causado; condenas, en la que supuestamente se les rehabilita de cara a una reinserción social. En otras palabras, se intenta socializar lo insociable e integrar a la cultura esta suerte de bestialidad instintiva.

Por eso, en casos de violación, la interrupción del embarazo de forma voluntaria debe ser legalizado sin miramientos. En la mayoría de las naciones occidentales hay conceso acerca de legalizar el aborto cuando existe evidencia de malformación fetal y situaciones que ponen en peligro la vida de la madre. Sin duda, los embarazos de menores son considerados de “altísimo riesgo” ya que el sistema reproductivo de la niña no tiene la madurez necesaria para gestar una vida. Esto, sumado a las posibles secuelas psíquicas en la agredida y las derivaciones genéticas que implica una gestación incestuosa fruto de violaciones intrafamiliares. Asimismo, las jóvenes agredidas deben contar con un sistema de salud que vele por sus vidas y les brinde apoyo emocional y social tanto antes como después del detenimiento del embarazo. También, si es necesario, se debe reubicar a la víctima o impedir el acceso del agresor en caso de haber sido abusada por un pariente intrafamiliar.

De ahí, la importancia de abrir el tema a la sociedad sin tapujos ni recatos. Hay que romper el silencio de miles y millones de menores violentadas en lo más profundo de su ser. Para ello, se requiere un compromiso multidisciplinario que eduque y también escuche el dolor de estas adolescentes presas de seres perversos en el seno de su propio entorno.