Carlos Rodríguez Nichols

Andalucía vive un atraso económico y social producto en gran medida de las erróneas políticas de los socialistas afincados en el poder desde hace treinta y seis años, y de los desvergonzados casos de corrupción que han desestabilizado el territorio en las últimas décadas. Sin duda, la victoria de la extrema derecha andaluza y el reposicionamiento fascista europeo renace en el seno del inconformismo del electorado. En otras palabras, el voto protesta de los indignados  ha favorecido a la extrema derecha.

Hasta hace poco tiempo, era habitual la magra conexión entre los partidos de derecha y las clases más desfavorecidas. Sin embargo, llama la atención la exigua relación entre los partidos de izquierda y los más necesitados del colectivo social siendo esta población el leit motivo del discurso ideológico izquierdista. Parece que los epítetos venenosos de la extrema izquierda hacia los grupos de poder no fueron lo necesariamente habilidosos para calmar las carencias de millones de españoles: el masivo desempleo, inseguridad laboral y escaso ascenso social de aquellos que conforman el grupo menos beneficiado de la sociedad.

Por eso, el triunfo de la ultraderecha en Andalucía se debe al descontento del electorado con los partidos centristas, y, con  los argumentos populistas de la extrema izquierda personificada en la descreditada figura de Pablo Iglesias, jefe de la agrupación Podemos. El vacío discursivo de la izquierda, sumado a la  soberbia y prepotencia de sus líderes, hizo que el mensaje no calara lo suficientemente hondo en las clases obreras ni en el sector urbano marginal; prueba de ello, es el estancamiento electoral de las asociaciones izquierdistas en los últimos comicios nacionales.

Actualmente, España es testigo de dos realidades que impactan a la sociedad en su conjunto: el movimiento independista de Cataluña, con posibles repercusiones en otras regiones del territorio español, y el descontrol inmigratorio que azota a la mayoría de Europa. Ambas coyunturas afectan al grueso del pueblo español, que apenas empieza a respirar después de la crisis financiera del 2008 y las nefastas consecuencias sociales.

La inoperancia de los partidos centristas frente a los separatistas, y ante la crisis migratoria, es percibida por gran parte de la clase obrera como una amenaza a su seguridad ciudadana y estabilidad ocupacional. Conmoción sociocultural resultado de la incompetencia institucional de las dirigencias políticas que depositan el peso de la migración sobre los ciudadanos.  Pero, antes de señalar al pueblo por su flaco sentido de humanidad se debe en todo caso responsabilizar a las élites gubernamentales por sus erradas políticas tanto hacia al pueblo español como a los extranjeros migrantes: seres humanos a los que hay que darles algo más que un paupérrimo refugio temporal.

Acoger estas multitudes de forma responsable requiere planificación a largo plazo. Un compromiso colectivo más allá del subsidio impositivo que en mayor o menor medida afecta la economía de las familias españolas,  asalariados que a duras penas llegan a final de mes. Por eso, la clase obrera es el sector de la sociedad mayormente opuesto a la inmigración. Los hombres y mujeres de a pie que ven peligrar sus puestos laborales ante la llegada de mano de obra extranjera dispuesta a trabajar por bajas compensaciones salariales.

Estos, los de abajo, son los que han votado a la extrema derecha andaluza. Un voto protesta  en contra de las ambivalentes políticas de los partidos centristas y de la venenosa izquierda comprometida con falaces discursos bolivarianos. Los indignados de las clases menos favorecidas fueron los que le dieron la victoria al ultra derechismo andaluz, el mismo grupo social que apoya a Marianne Le Penn en Francia, a Jair Bolsonaro en Brasil, y a los neofascistas esparcidos por en el mundo entero.